ACTOS FIRMADOS EN OCASIÓN
DE LA II CÚPULA
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (CALC) Y LA XXI CÚPULA DEL
GRUPO RÍO- CANCÚN 21/23 FEBRERO DE 2010
I. DECLARACIÓN DE CANCÚN
II. DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LA UNIDAD DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
III. DECLARACIÓN EN SOLIDARIDAD CON
HAITÍ
IV. DECLARACIÓN SOBRE LA "CUESTIÓN
DE LAS ISLAS MALVINAS"
V. DECLARACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE PONER
FIN AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA
CUBA
VI. DECLARACIÓN EN APOYO A LA INICIATIVA YASUNÍ
– ITT
VII. DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE
GUATEMALA
VIII. DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON
ECUADOR
IX. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE
EXPLORACIÓN HIDROCARBURÍFERA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL
X. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE COOPERACIÓN
EN MATERIAL MIGRATORIA
I. DECLARACIÓN DE CANCÚN
1. Las
Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el
Caribe, reunidos en la Cumbre
de la Unidad
constituida por la XXI
Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de América
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), en la Riviera Maya, México,
el 23 de Febrero de 2010.
2. Decididos a construir un espacio común con el
propósito de profundizar la integración política, económica, social y cultural
de nuestra región y establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la
promoción del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe en un marco
de unidad, democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos, solidaridad,
cooperación, complementariedad y concertación política;
3. Convencidos de que la región de América Latina
y el Caribe debe seguir reafirmando su presencia en los foros de los que forma
parte y pronunciarse sobre los grandes temas y acontecimientos de la agenda
global;
4. Destacando la importancia de profundizar la
comunicación, cooperación, articulación, sinergia, convergencia de acciones e
intercambio de experiencias entre los distintos procesos y mecanismos
subregionales de integración;
5. Refrendando nuestro compromiso con el
multilateralismo y con las Naciones Unidas como el foro por excelencia para la
promoción de la paz, los derechos humanos, la cooperación internacional para el
desarrollo y para construir un sistema económico global justo y equitativo, y
6. Refrendando asimismo, los principios de
solidaridad, flexibilidad, gradualidad, pluralidad, diversidad,
complementariedad de acciones y participación voluntaria plasmados en la Cumbre de América Latina y
el Caribe sobre Integración y Desarrollo en Salvador, Bahía, como fórmula para encarar
los desafíos que afronta nuestra región y alcanzar nuestros objetivos,
Hemos decidido:
1.
Intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de
la concertación política, nuestros principios y valores en consensos. La región
requiere de una instancia de concertación política fortalecida que afiance su
posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y eficaces que
promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas
de la agenda internacional.
2. Intensificar para ello, la concertación de
posiciones regionales de cara a reuniones y conferencias de alcance global y
adoptar un perfil más dinámico a favor de la concertación política y del trabajo
de interlocución con otras regiones y países en la convicción de que ese
diálogo contribuye a proyectar a la región y aumentar su influencia en el
escenario internacional globalizado e interdependiente.
3. Reafirmar que la preservación de la democracia
y de los valores democráticos, la vigencia de las instituciones y el Estado de
Derecho, el compromiso con el respeto y la plena vigencia de todos los derechos
humanos para todos, son objetivos esenciales de nuestros países.
4.
Impulsar una agenda integrada, con base en el patrimonio del Grupo de Río
y los acuerdos de la CALC,
así como de los mecanismos y agrupaciones de integración, cooperación y
concertación ya existentes, que constituyen todos, de conjunto, un valioso
activo regional que se sustenta en los principios y valores compartidos, con el
propósito de dar continuidad a nuestros mandatos mediante un programa de
trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el crecimiento
económico con equidad, justicia social, y en armonía con la naturaleza para un
desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe en su
conjunto.
5. Acordar para ello, el desarrollo de un
programa de trabajo en torno a los siguientes ámbitos y líneas de acción con
carácter prioritario:
Cooperación entre los mecanismos regionales y subregionales de integración
6. Intensificar el diálogo, la coordinación, la
interacción, los consensos, la sinergia y la convergencia de acciones entre los
mecanismos regionales y subregionales de integración en América Latina y el
Caribe para profundizar la integración y acelerar el desarrollo regional
mediante la articulación de proyectos comunes y complementarios.
7. Convocar a los organismos y mecanismos
regionales y subregionales a promover esquemas concretos a favor del
intercambio de experiencias y de la identificación de las áreas de cooperación
y necesarias sinergias y convergencia de acciones entre los diferentes procesos
subregionales, a fin de dar pasos específicos que nos permitan profundizar en
las distintas dimensiones de la integración.
Asuntos Económicos
Crisis
financiera internacional
8. Tenemos expectativas positivas a partir de
algunos indicios de recuperación en la economía mundial. No obstante,
reconocemos el grave y continuo impacto de la crisis en algunos países de la
región. En particular, tomamos nota de los desafíos particulares que enfrentan
los países de renta media, incluyendo los pequeños, vulnerables y altamente
endeudados, así como de la necesidad de una mayor atención por parte de la
comunidad internacional, para apoyar su recuperación.
9. En vista del impacto que ha tenido en la
región la última crisis financiera internacional, promover una mayor
cooperación en materia de políticas financieras y regulatorias. Proponemos, por
ello, un amplio diálogo, consultando - cuando sea apropiado - a nivel de
expertos regionales o de Ministros de Finanzas o similares, con miras a
construir una nueva arquitectura financiera internacional que garantice la
democratización y la transparencia de la gestión financiera internacional y el
fortalecimiento de los mecanismos de regulación, en aras de establecer
instrumentos efectivos de gobernabilidad y de prevención y respuesta inmediata
ante futuras crisis.
10. Enfatizar que la reforma de las instituciones
financieras internacionales debe tomar en cuenta la adecuación de los
instrumentos financieros internacionales a las necesidades de financiamiento de
los países en desarrollo; incluyendo la disponibilidad de instrumentos preventivos.
11. Apoyar a su vez una reforma sustancial en las
regulaciones financieras, conforme a la legislación interna de cada país, a fin
de lograr un sistema regulatorio global más representativo, equitativo y
sostenible en el largo plazo.
12.
Encomendar a los Ministros de Finanzas o similares la elaboración de una
estrategia con miras a la construcción progresiva de una arquitectura financiera
regional y subregional que incluya la consideración de las siguientes
propuestas:
a) Un
sistema multilateral y voluntario de pagos a partir de la dinamización y
ampliación de las experiencias existentes en la región, incluyendo mecanismos
de pagos en monedas nacionales.
b)
Evaluación de experiencias existentes en materia de moneda común.
c)
Fortalecimiento o desarrollo de mecanismos regionales para la estabilización de
la balanza de pagos.
d)
Integración de los mercados financieros a nivel regional y subregional con
adecuados mecanismos de supervisión, regulación y transparencia.
e)
Fortalecimiento y creación de instituciones o fondos financieros para apoyar
proyectos de desarrollo e integración de la región, incluyendo la coordinación
de dichos fondos e instituciones.
f)
Cooperación entre los bancos nacionales y regionales de fomento.
13. Realizar
una reunión sobre el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) de ALADI a
ser convocada por esa Asociación, a la cual serán invitados representantes de
otros sistemas de pagos y créditos recíprocos existentes en la región, así como
países de América Latina y del Caribe que no sean miembros del CCR, con miras a
intercambiar información
sobre ese sistema.
14. En el
marco del fortalecimiento de instituciones o fondos financieros para apoyar
proyectos de desarrollo, saludar la firma del convenio constitutivo del Banco
del Sur por parte de los presidentes de sus países miembros como uno de los
pilares del proceso de integración regional.
Comercio
15. Reiterar la importancia de promover una mayor
integración de nuestras economías como un medio para alcanzar mayores niveles
de crecimiento y desarrollo económico y social, así como para garantizar la participación
más efectiva de la región en la economía mundial, propendiendo a la disminución
de barreras técnicas que dificulten el comercio.
16. Continuar promoviendo iniciativas de integración de
alcance regional y subregional, multilateral y bilateral, y abiertas al
comercio internacional con la convicción de que permitirán la conformación de
un espacio económico común latinoamericano y caribeño.
17. Instruir a nuestros Ministros de comercio exterior
o sus homólogos a elaborar y consensuar las medidas necesarias para preservar y
profundizar, en beneficio de los países de la región, los niveles de comercio y
de acceso a mercados con el objetivo de estimular el comercio intrarregional de
bienes y servicios, toda vez que éste constituye una herramienta importante
para compensar la caída de la demanda registrada en el resto del mundo. Asimismo,
les encomendamos que implementen medidas destinadas a favorecer el acceso al mercado
para las exportaciones de los países en desarrollo, en particular las economías
más pequeñas y los países en desarrollo sin litoral marítimo. Queremos crear
condiciones de mercado que permitan una mayor y más equitativa participación de
estos países a fin de aprovechar los beneficios del comercio intrarregional.
18. Además, encomendar a los Ministros encargados del
comercio exterior a continuar trabajando en favor de la construcción de un
sistema multilateral de comercio más justo y equitativo, capaz de satisfacer
las necesidades de los países en desarrollo, especialmente las de los países de
menor desarrollo relativo. En ese sentido, resaltar la urgencia de la conclusión
de las negociaciones de la Ronda
de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
19. Manifestar nuestro reconocimiento a la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), por sus aportes a las políticas conducentes
al desarrollo y a la integración de los países de América Latina y el Caribe y
apoyar la realización de su XXXIII Período de Sesiones a fines de Mayo, en
Brasil.
Energía
20. Subrayar que América Latina y el Caribe enfrentan
serios desafíos en materia energética vinculados al aumento de la demanda y a
la fluctuación en los precios y la oferta de energía y reconocemos la imperiosa
necesidad de reducir la vulnerabilidad de la región en ese sentido.
21. Reconocer la necesidad de ampliar y emprender
acciones específicas que permitan a las economías más pequeñas y los países
menos desarrollados alcanzar un acceso justo, equilibrado y constante a las
diversas formas de energía, a la vez que propicien el desarrollo sustentable
económico y social de nuestros pueblos. Destacamos, de igual manera, la
importancia de la cooperación y la integración como medios para estimular la
eficiencia y el ahorro energético, así como el uso racional y eficiente de los
recursos energéticos tanto fósiles como renovables.
22. Aprovechar las posibilidades de complementariedad
energética regional y subregional y, con dicho propósito, fortaleceremos
esfuerzos concertados para utilizar eficientemente las fuentes tradicionales de
energía, y estableceremos medidas que promuevan el uso y expansión de fuentes
de energía renovables, promoviendo el intercambio de experiencias y la
transferencia de tecnología sobre programas nacionales de biocombustibles,
turbinas eólicas, energía geotérmica, energía solar, hidrogeneración
de electricidad y otras nuevas tecnologías de energía. Afirmamos, por ello, que
es necesario que en nuestros países se realicen inversiones que permitan
desarrollar a largo plazo nuestras potencialidades en materia de energías
renovables y no renovables, así como la transferencia de tecnologías y el adiestramiento
y capacitación técnica necesarios para alcanzar soluciones eficientes y
sostenibles tanto en la producción como en el consumo de energía.
23. Reafirmar la trascendencia e importancia de la
energía como recurso fundamental en el desarrollo sustentable, así como el
derecho soberano de cada país de establecer las condiciones de explotación de
sus recursos energéticos, y por ello renovamos nuestro compromiso de avanzar en
los procesos de cooperación e integración de nuestros países con base en la solidaridad
y en la complementariedad, como un esfuerzo continuo para lograr el crecimiento
económico sustentable y equitativo de sus pueblos. Reconocemos, en tal sentido,
las valiosas iniciativas de cooperación e integración energética que se están implementando
en la región.
Integración física en Infraestructura
24. Expresar nuestro compromiso con la efectiva
integración geográfica de América Latina y el Caribe, a través de la creación
de la infraestructura física necesaria y la convergencia entre los diversos
procesos de integración subregionales por lo que emprenderemos la elaboración y
puesta en marcha de una la estrategia de integración física de la región.
25.
Intensificar, para ello, esfuerzos en el campo de la infraestructura para: promover
y ejecutar políticas de ampliación de la conectividad y proyectos para ampliar
los servicios de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, así como el
transporte multimodal; diseñar y ejecutar políticas públicas que atiendan, los
requerimientos de la integración fronteriza a fin
de agilizar su concreción aprovechando los marcos e iniciativas vigentes; e identificar
y superar dificultades normativas y regulatorias.
26. Ampliar el intercambio entre el Proyecto Mesoamérica y los mecanismos de integración en el ámbito de
la UNASUR, a
través del Consejo de Infraestructura y Planeamiento (CIP), que incorporará a la IIRSA. Promoveremos
la incorporación a ese diálogo tanto de las instancias caribeñas equivalentes,
como de las establecidas en ALBA-TCP y Petrocaribe, para
la realización de reuniones similares entre mecanismos subregionales vinculados
con la integración de la infraestructura física en América Latina y el Caribe.
Ciencia y tecnología
27. Promover el tratamiento del tema "Tecnología y
Desarrollo Productivo" en los diálogos de América Latina y el Caribe con
otros actores internacionales.
28. Reconocer el potencial que las tecnologías de la
información y las comunicaciones tienen para el desarrollo de la democracia, la
economía y el progreso social. Destacamos, por ello, la conveniencia de
compartir el conocimiento, la tecnología y la información, aprovechando la infraestructura
de conectividad y promoviendo en nuestras poblaciones el acceso universal a la
misma.
29. Fortalecer nuestro empeño para que el importante
desarrollo científico logrado en la región en el último decenio se pueda
convertir en servicios, productos y procesos accesibles a las economías y a las
sociedades de los países latinoamericanos y caribeños, por medio de políticas
inclusivas de innovación.
Desarrollo Social
Programas sociales y erradicación del
hambre y la pobreza
30. Reiterar que el hambre y la pobreza representan una
de las peores formas de violación de los Derechos Humanos. Por ello, la lucha
para erradicarlas es un desafío ético, político y económico para todos. En este
empeño, es necesario explorar e implementar nuevas formas de cooperación y solidaridad
internacionales en apoyo a los esfuerzos nacionales así como
garantizar el acceso a alimentos de calidad, ricos en nutrientes, para avanzar
hacia sociedades mejor integradas en un mundo globalizado, más participativas,
con rostro humano e inclusión social.
31. Concentrar los esfuerzos de política social en la
población en situación de mayor vulnerabilidad para responder al desafío de la
pobreza, la desigualdad y el hambre, y alcanzar el mayor desarrollo económico y
social de los pueblos latinoamericanos y caribeños sobre la base de la integralidad,
la no discriminación y el reconocimiento de la persona como sujeto de derecho.
Continuaremos impulsando, por lo tanto, políticas de desarrollo social para
asegurar dentro de los ámbitos nacionales un enfoque que priorice los programas
dirigidos a la reducción de la pobreza, la desigualdad y el hambre.
32. En relación con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y considerando que en Septiembre de 2010 se realizará la Sesión de Alto Nivel
de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre este tema, expresamos nuestra
preocupación por el lento avance en su consecución, razón por la cual
enfatizamos la necesidad de impulsar los mayores esfuerzos para alcanzar su
cumplimiento.
33. Garantizar que los acuerdos de comercio regionales
e internacionales en que participen los países de la región respondan a las
necesidades relacionadas con el desarrollo social con equidad, el acceso a
alimentos nutritivos y acordes a las costumbres locales y la implementación
sostenible de las Metas del Milenio y otros metas de desarrollo
internacionalmente acordadas.
34. Promover la elaboración de un plan de acción
integral de política pública en materia social para concretar la cooperación y
hacer más efectiva la ayuda para los países de renta media y baja, según lo
acordado en las conferencias internacionales de alto nivel en la materia.
35. Reconocer que la erradicación de la pobreza, el
pleno empleo productivo para todos y la integración social son
interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que por lo tanto, debe crearse
un entorno propicio para que todos estos objetivos puedan alcanzarse
simultáneamente.
Seguridad alimentaria y nutricional
36. Promover la coordinación regional de iniciativas
así como el intercambio de tecnologías y recuperación de tecnologías
tradicionales entre otras acciones para garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional, por medio de políticas públicas que impulsen el desarrollo rural,
la producción sustentable de alimentos, su inocuidad, su almacenaje, su
distribución y comercialización, así como crédito y seguro agrícolas.
37. Incorporar la perspectiva de derechos humanos y de
género en la elaboración y revisión de las estrategias nacionales orientadas a
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, con amplia participación
social, particularmente de los sectores más vulnerables y no permitiremos el
abuso monopólico en el sector de alimentos.
38. Impulsar el desarrollo productivo, tecnológico y de
inversiones así como la introducción de tecnologías social y ambientalmente
sanas de producción agrícola, el aumento de la productividad y competitividad
de los pequeños y medianos productores, incluyendo los campesinos, y su acceso
a los recursos productivos.
39. Fortalecer los procesos de integración en el ámbito
alimentario y conjugar esfuerzos en apoyo a la Iniciativa América
Latina y el Caribe Sin Hambre 2025.
Educación, salud y servicios públicos
40. Ampliar la cooperación regional para promover el
acceso universal, equitativo y de calidad a la educación primaria y a los
servicios de salud, saneamiento y suministro de agua potable, en especial para
las personas en condición de pobreza extrema. Buscaremos atender las
necesidades específicas de salud de la juventud, asegurar la reducción de la
desnutrición y la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir las
epidemias de mayor impacto, prestando especial atención a las zonas rurales.
41. Buscar garantizar que las políticas y programas
nacionales de desarrollo de la juventud atiendan sus necesidades
particulares e involucren a los jóvenes y a las organizaciones dirigidas por
ellos en el desarrollo de políticas nacionales que les atañen.
42. Adoptar programas integrales y flexibles, adaptados
a las realidades socioeconómicas y culturales de cada país, región y grupo poblacional,
que permitan erradicar el analfabetismo en todos los países de América Latina y
el Caribe antes del año 2015.
43. Ampliar también la cooperación regional así como
una respuesta coordinada e integral para garantizar, entre otras cuestiones, la
reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la salud materna, especialmente
en las zonas rurales, y la lucha contra las epidemias de alto impacto como el
VIH/SIDA y el virus H1N1. Trabajaremos del mismo modo a nivel nacional,
regional e internacional para reducir y controlar la diseminación de
enfermedades no transmisibles que representan una seria amenaza al desarrollo y
celebramos la iniciativa de los países miembros de la CARICOM a convocar en la Sede de las Naciones Unidas
una Reunión de Alto Nivel sobre enfermedades crónicas no transmisibles en 2011.
Cultura
44. Reafirmar que todas las culturas tienen derecho a
existir y preservar sus prácticas tradicionales y milenarias inherentes a su identidad.
En ese sentido, promoveremos la historia, las tradiciones, los valores, la
diversidad cultural y el entendimiento mutuo entre los pueblos de América
Latina y el Caribe, conscientes de la contribución positiva que tendrá en la
profundización de la integración regional. De igual modo, incentivaremos la
cooperación, la integración cultural y el desarrollo de industrias creativas.
45. Reconocer, en consonancia con el respeto a los
derechos humanos y el bienestar de nuestros pueblos, el derecho de nuestros
Estados para establecer, de conformidad con el Derecho Internacional, las
acciones normativas y otras medidas que juzguen convenientes para preservar y defender
las manifestaciones ancestrales de sus pueblos, las cuales deben ser respetadas
por la comunidad internacional.
46. Estimular la diversidad cultural como un componente
indispensable de las políticas públicas para reducir la pobreza, promover la
equidad y alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio.
Migración
47. Promover el pleno respeto de los derechos humanos
de los migrantes y sus familias, en los países de origen, tránsito y destino,
independiente de su condición migratoria, y trabajaremos para que la migración
ocurra de manera informada, segura y conforme a las disposiciones relacionadas
con la atención consular. Reafirmamos nuestro decidido compromiso de combatir
el racismo y la xenofobia a que puedan ser sometidos los migrantes, promoviendo
la reivindicación de sus capacidades como actores políticos, económicos, culturales
y científicos, fundamentales para impulsar procesos de desarrollo e
integración, en las sociedades de origen y de destino.
48. Continuar intensificando las acciones orientadas a
prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito y explotación de migrantes
en todas sus modalidades y garantizar la plena protección y atención a las
víctimas de estos delitos, en especial de mujeres, niños y adolescentes.
Asimismo, crear instancias de coordinación entre países de origen, tránsito y
destino para combatir estos delitos.
49.
Facilitar la integración de los migrantes a las sociedades de acogida, promover
facilidades para la residencia, el trabajo y la regularización, en consonancia
con las legislaciones nacionales.
50. Promover la cooperación y el intercambio de
experiencias y buenas prácticas a nivel nacional, regional y subregional en el
combate al crimen organizado, al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de
personas, en especial cuando se trata de proteger a los grupos de personas
migrantes más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos
originarios y afrodescendientes.
Género
51. Estamos convencidos que el desarrollo económico y
social en nuestros países y el logro de una democracia plena sólo son posibles
a partir de una efectiva equidad entre hombres y mujeres por lo que impulsamos
la inclusión de la perspectiva de género en el diseño, implementación y
evaluación de toda política pública.
52. Nos comprometemos, en ocasión de la Declaración de la OEA del año 2010 como año interamericano
de la mujer, a continuar trabajando por la plena implementación de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer (Convención de Belem do Pará) y de los
objetivos contenidos en la Declaración de Beijing y su
plataforma de acción, de cuya adopción se cumplen quince años.
53. Considerar prioritarias la erradicación del hambre
y la pobreza y las acciones tendientes a garantizar que todos los hombres y
mujeres de nuestra región cuenten con alimentación y vivienda adecuadas, acceso
a la salud -incluyendo su dimensión sexual y reproductiva-, a la educación y al
trabajo decente, de manera de poder alcanzar niveles dignos de vida.
Desarrollo Sostenible
54. Actuar solidariamente en la construcción de una
estrategia de cooperación internacional que fortalezca la relación entre el
medio ambiente y el desarrollo, apoyando los esfuerzos de los países en
desarrollo sin litoral marítimo, pequeños Estados insulares y costeros en desarrollo,
y estimulando acciones que protejan y valoricen el patrimonio natural de la región.
55. Estimular la identificación, fortalecimiento e
intercambio de buenas prácticas de desarrollo sostenible en la región, en temas
como la incorporación del componente ambiental en las acciones gubernamentales,
la participación social en políticas públicas y el manejo sustentable de los recursos
naturales. Impulsaremos iniciativas con el objeto de convertir a los países de
América Latina y el Caribe en exportadores de servicios ambientales.
56. Fortalecer la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible
(ILAC).
57. Promover la cooperación en materia de manejo
sustentable del patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad, los
ecosistemas y el agua.
58. Reconocer y saludar la decisión del Ecuador de
promover la iniciativa Yasuní ITT, por constituir una
efectiva medida voluntaria para enfrentar el problema del cambio climático,
garantizar la sobrevivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario
y garantizar la conservación de uno de los lugares más biodiversos
del mundo.
59. Estimar que las acciones verdaderas para enfrentar
los problemas derivados de los cambios climáticos, como por ejemplo las
iniciativas de gestión ambiental sostenible de bosques y de otros ecosistemas
clave como los humedales; la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes
nuevas y renovables de energía; la transformación de los sistemas de
transporte; la innovación científica y tecnológica; sólo pueden ser
sustentables si están implementadas de manera social y ambientalmente
responsable; respetando todos los derechos consagrados de los pueblos y
comunidades.
Cambio climático
60. Manifestar nuestra preocupación por el ritmo
al que avanza el calentamiento global y subrayamos que es preciso sumar
esfuerzos en apoyo de las iniciativas de nuestros países para enfrentar de
manera conjunta la amenaza que representa el cambio climático. En ese sentido,
enfatizamos nuestro compromiso con la plena, eficaz y sostenida implementación
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo
de Kioto en un esfuerzo global con base en el principio de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas, las respectivas capacidades nacionales y las
legítimas aspiraciones de los países en desarrollo.
61. Promover en el ámbito de la Conferencia de las
Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y a la
luz de éste, un mecanismo financiero predecible, transparente y eficaz, que
asegure la adecuada provisión de flujos financieros internacionales nuevos,
adicionales y suficientes, para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación
de nuestros países conforme a la Convención sobre Cambio Climático.
62. Subrayar la necesidad de que los países
desarrollados cumplan sus compromisos bajo la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en materia de financiamiento,
acceso y transferencia de tecnología y creación de capacidades suficientes en
los países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio
climático, especialmente los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares
y países costeros en desarrollo con tierras bajas, para brindarles cooperación
en la mitigación y adaptación, sin condicionalidades.
63. Manifestar nuestro beneplácito por el hecho de que
nuestra región será sede de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes en la
Convención Marco (COP 16) y la Sexta Reunión de las Partes del Protocolo de
Kioto (CMP 6), y expresamos nuestro respaldo a México a fin de que,
mediante un proceso de negociación transparente e incluyente, sea posible
alcanzar en la Conferencia un acuerdo amplio, ambicioso y eficaz que
responda a las necesidades de nuestra región y resulte en un fortalecimiento
del régimen internacional establecido en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre cambio climático y el Protocolo de Kioto, y en
beneficio de la humanidad en su conjunto. Coincidimos en que es necesario que
los resultados de la COP
16 tengan un carácter jurídicamente vinculante como un paso decisivo en la
lucha contra el cambio climático.
Desastres Naturales
64. Destacar la urgencia de concretar y desarrollar los
diversos compromisos y mandatos asumidos por los gobiernos de América Latina y
el Caribe en materia de desastres naturales, en especial el establecimiento de un
mecanismo que permita dar una respuesta regional rápida, adecuada y coordinada
a los mismos, a solicitud del Estado concernido y articulada con éste. A este
efecto, subrayar el papel articulador de los organismos e instancias regionales
competentes en ese ámbito.
65. Subrayar la relación intrínseca entre la reducción
de desastres, el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza entre
otros, y reconocemos por ello la necesidad de fortalecer la capacidad de
prevención, mitigación, respuesta y atención de las víctimas de los desastres a
través de la adopción de políticas apropiadas y el incremento de la cooperación
internacional para fortalecer y potenciar las capacidades nacionales. Reconocemos
del mismo modo la importancia de la Declaración y el Marco de Acción de Hyogo, el
Plan de Acción de Barbados, el Programa Interamericano para el Desarrollo
Sostenible y la
Declaración de Florianópolis de la II Reunión Regional de
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria, para los países que son
parte del mismo, al tratar la problemática de los desastres.
66. Asegurar la coordinación necesaria entre los
mecanismos de prevención, reducción de riesgos, mitigación y respuesta a los
desastres naturales, en los niveles nacional, regional y global, en los
esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos de reducción del riesgo de
desastres naturales. Nos proponemos incorporar la temática de reducción de
riesgos a causa de desastres naturales en las políticas y procesos de
planificación y aumentar la capacidad de resistencia a nivel comunitario,
local, nacional y regional mediante la investigación, la ampliación de
mecanismos para compartir el costo de la prevención de riesgos y el intercambio
de datos e información, entre otros.
67. Fortalecer las iniciativas regionales de asistencia
humanitaria y promoveremos el establecimiento de protocolos de ayuda mutua u
otros dispositivos simplificados de respuesta ante desastres naturales.
68. Instruir a los organismos e instancias con
experiencia en esos rubros con que cuenta América Latina y el Caribe: la Agencia Caribeña
de Manejo a Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), el Centro de Coordinación
para la Prevención
de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), el Comité Andino
para la Prevención
y Asistencia de Desastres (CAPRADE) y la Reunión Especializada
de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil
y la Asistencia Humanitaria del MERCOSUR (REHU), a definir las sinergias entre
ellos y a poner en práctica de manera urgente un esquema de coordinación y
cooperación de alcance regional que permita optimizar los recursos e
incrementar nuestra capacidad y eficiencia para preparar a nuestras poblaciones
y responder en casos de desastres naturales.
69. Promover medidas para la educación y la
capacitación en materia de protección ambiental con miras a generar una
conciencia colectiva y en consecuencia mitigar los efectos de los desastres
naturales provocados por el hombre.
70. Constituir un Grupo de Trabajo de conformación
abierta para avanzar en la implementación de esos objetivos.
Derechos Humanos
71. Afirmar el principio de que todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales son universales, indivisibles, interdependientes
e interrelacionados y que, en consecuencia, debe prestarse igual y decidida atención
a la aplicación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y
políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el
derecho al desarrollo.
72. Fomentar
y fortalecer la cooperación internacional para la promoción y protección de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y los instrumentos jurídicos internacionales tanto de
derechos humanos como de derecho internacional humanitario.
73. Reforzar la incorporación del enfoque de género en
el diseño y ejecución de nuestras políticas, en las tareas estratégicas para el
desarrollo económico-social y en el fortalecimiento de la democracia.
74. Fomentar el intercambio sobre experiencias
nacionales en la preparación y presentación de informes ante el Mecanismo de
Examen Periódico Universal (UPR) como un instrumento eficaz para la
consideración y promoción de los derechos humanos en todos los países en
condiciones de igualdad, según los compromisos de cada país. Trabajaremos
por preservar la integridad, la objetividad y el equilibrio de este mecanismo.
75. Dar renovado impulso a la educación en materia de
derechos humanos. Promoveremos políticas de educación inclusiva y de calidad al
alcance de todos, con plena adhesión a valores como la tolerancia, la
solidaridad y la equidad, a la promoción del enfoque de género y al respeto a
la diversidad y a la identidad cultural de nuestros pueblos.
76. Promover el reconocimiento y la realización de los
derechos de tercera generación o de solidaridad, en particular el derecho al
desarrollo, así como el tratamiento de la temática de los derechos de los
adultos mayores.
Asuntos de Seguridad
77. Estimamos indispensable reforzar la capacidad de
iniciativa de los Estados de América Latina y el Caribe en apoyo del sistema multilateral
para la paz, la seguridad y el desarrollo basado en el estricto cumplimiento
del derecho internacional y el apego a los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas.
78. Considerar que las nuevas amenazas a la seguridad,
tales como el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, el problema
mundial de las drogas y los delitos conexos, el crimen transnacional
organizado, el tráfico ilícito de armas, la delincuencia común que afecta la
seguridad ciudadana, las amenazas a la salud pública internacional, en
particular el VIH/SIDA y el H1N1, los desastres naturales, el tránsito de
desechos tóxicos y de material radiactivo por nuestras aguas, entre otras, y en
especial sus efectos en América Latina y el Caribe, deben ser enfrentadas
integralmente mediante una cooperación internacional eficaz, articulada y
solidaria, a través de las organizaciones e instancias competentes y basada en
el respeto a la soberanía de los Estados, a la legislación interna de cada país
y al derecho internacional.
79. Con el propósito de profundizar las acciones en
favor del desarrollo socioeconómico con democracia, justicia e independencia,
consideramos necesario afirmar el concepto de que la seguridad de nuestra
región debe atender tanto a los aspectos de la paz y la estabilidad, como los
que atañen a la vulnerabilidad política, económica y financiera, conforme al
derecho internacional. En este sentido, reiteramos el compromiso de la región
para concertar acciones para:
*Estimular iniciativas en favor del desarme y la seguridad internacionales.
*Alentar la confianza recíproca y promover la solución pacífica de los
problemas y conflictos que afectan a la región.
*Contribuir, a través de la cooperación y la consulta, a la defensa, fortalecimiento
y consolidación de las instituciones democráticas.
*Impulsar y ampliar el diálogo político con otros Estados y grupos de Estados,
dentro y fuera de la región.
*Concertar posiciones con el propósito de fortalecer el multilateralismo y la
democratización en la adopción de las decisiones internacionales.
*Continuar el establecimiento de zonas de paz y cooperación en nuestra región.
*Fomentar los procesos de
integración y cooperación para el desarrollo con miras a fortalecer la
autonomía de la región.
*Emprender una lucha activa y
coordinada para erradicar la pobreza, el hambre, la marginación, el
analfabetismo y la insalubridad.
*Reforzar la cooperación contra el
narcotráfico, así como contra el terrorismo.
80. La paz en nuestra región está profundamente ligada
al respeto a los principios de la libre determinación de los pueblos, la no
intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de
las controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza, la igualdad
jurídica de los Estados y la cooperación internacional para el desarrollo.
Problema
Mundial de las Drogas
81.
Reafirmar el compromiso de nuestros países en la lucha contra el problema
mundial de las drogas, con un enfoque integral y equilibrado basado en la vigencia
del principio de responsabilidad compartida, en virtud de lo cual resaltamos la
importancia de la cooperación internacional con respeto a la soberanía de cada
Estado.
82. Ratificar nuestro firme compromiso de continuar las
acciones contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución
ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos.
Estamos convencidos de que esa lucha, que debe ser parte de una solución
integral donde estén contemplados los aspectos sociales y económicos
relacionados con este flagelo, contribuirá al desarrollo social y humano de
nuestras sociedades y al cumplimiento de los compromisos mutuos.
Terrorismo
83. Rechazar enérgicamente el terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones y reafirmar que cualquiera sea su origen o motivación
no tiene justificación alguna. Reiteraron asimismo, su compromiso de prevenir, combatir
y eliminar el terrorismo y su financiación mediante la más amplia cooperación y
con pleno respeto a las obligaciones impuestas por el derecho interno y el
derecho internacional, en particular de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
Cooperación Sur – Sur
84. Destacar
la importancia de la cooperación Sur-Sur, inspirada en el espíritu de solidaridad,
sin sustituir o reemplazar las fuentes tradicionales de cooperación al
desarrollo.
85. Impulsar las iniciativas de cooperación Sur-Sur y
Norte-Sur para la promoción del desarrollo sostenible y continuaremos
fomentando la cooperación triangular dentro del sistema multilateral.
86. Hacer un llamado a la comunidad internacional de
continuar brindando cooperación para apoyar los esfuerzos de desarrollo de los
países de renta media, tal como fuera acordado en el Consenso de El Salvador
sobre Cooperación para el Desarrollo con Países de Renta Media. En este marco, reiteramos
la importancia de promover la implementación oportuna de las resoluciones de
Naciones Unidas, así como ejecutar acciones para concretar dicha cooperación.
Finalmente,
87. Incorporar el Plan de Acción de Montego Bay como
documento anexo de la presente Declaración, con objeto de profundizar en el
cumplimiento de la agenda latinoamericana y caribeña.
88. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de
América Latina y el Caribe expresaron su agradecimiento al Presidente de México
por la iniciativa de celebrar la
Cumbre de la
Unidad de América Latina y el Caribe en la Riviera Maya, México,
los días 22 y 23 de Febrero de 2010, y manifestaron su gratitud al gobierno y
al pueblo mexicanos por la cálida acogida y hospitalidad que facilitaron el
resultado exitoso de la
Cumbre.
Riviera Maya, México, 23 de Febrero de 2010
II. DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LA UNIDAD DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
Las
Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el
Caribe, reunidos en la Cumbre
de la Unidad
de América Latina y el Caribe, constituida por la XXI Cumbre del Grupo de
Río y la II CALC,
en la Riviera Maya, los días 22 y 23 de Febrero de 2010,
Reafirmando nuestra convicción de avanzar de manera decidida hacia una organización
que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe;
Reafirmando la necesidad de realizar esfuerzos, con nuestros pueblos, que
nos permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social
y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento
económico y promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la
base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social;
Ratificando nuestra decisión de promover la articulación y la convergencia de
acciones, por medio del intercambio de experiencias y la identificación de
áreas de cooperación entre los distintos mecanismos de integración, sobre la
base de los principios de solidaridad, flexibilidad, pluralidad, diversidad,
complementariedad de acciones y participación voluntaria en las iniciativas
consideradas.
Renovando nuestro compromiso con el desarrollo regional integrado, no excluyente
y equitativo, teniendo en cuenta la importancia de asegurar un tratamiento
favorable a las economías pequeñas y vulnerables, a los países en desarrollo
sin litoral marítimo e insulares.
Reiterando asimismo nuestro
compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, equitativo
y armónico, fundado en el respeto al Derecho Internacional y a los principios
de la Carta de
las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la
solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial y la
no intervención en los asuntos internos de los Estados. Reafirmamos nuestro
compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho de todo Estado a
construir su propio sistema político, libre de amenazas, agresiones y medidas
coercitivas unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia,
democracia y respeto a los derechos humanos.
Subrayando la necesidad de contar con un espacio regional propio que consolide
y proyecte la identidad latinoamericana y caribeña con base en principios y
valores comunes, y en los ideales de unidad y democracia de nuestros pueblos;
Teniendo el convencimiento de que la concertación política sobre la base de la
confianza recíproca entre nuestros gobiernos es indispensable para la construcción
de soluciones propias, para promover la paz; para la defensa, fortalecimiento y
consolidación de nuestras instituciones democráticas; para el impulso al
diálogo político con otros Estados y grupos de Estados; y para el
fortalecimiento del multilateralismo y de la democratización en la adopción de
las decisiones internacionales;
Reconociendo la valiosa contribución del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación
Política -Grupo de Río- en los temas centrales de la agenda regional y global y
en favor de las más altas aspiraciones de nuestros países;
Destacando al mismo tiempo el significado histórico para nuestra región de la
Primera Cumbre América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC)
y la importancia de su agenda para profundizar la integración regional y
establecer compromisos efectivos de acción conjunta para la promoción del
desarrollo sustentable de los países de la región;
Refrendando nuestro compromiso con la preservación de los valores democráticos
en la región y con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y el
Estado de Derecho, así como con el respeto y la plena vigencia de los derechos
humanos, que constituyen, todos ellos, objetivos esenciales promovidos por
nuestros países. Manifestando al mismo tiempo la convicción de que la
democracia es una de las más preciadas conquistas de nuestra región, y que la transmisión
pacífica del poder por vías constitucionales y con apego a los preceptos
constitucionales de cada uno de nuestros Estados es producto de un proceso
continuo e irreversible sobre el que la región no admite interrupciones ni
retrocesos;
Compartiendo la convicción de que es preciso establecer compromisos efectivos
de acción conjunta para profundizar la integración regional y promover el
desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza y el bienestar social en
todos nuestros Estados;
Resueltos a promover la sinergia y la articulación y complementariedad de acciones
de cooperación entre los distintos mecanismos de integración,
Hemos decidido:
1. Constituir la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños como espacio regional propio que reúna a todos los
Estados latinoamericanos y caribeños.
2. Consolidar y proyectar, a nivel global,
mediante la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños la identidad latinoamericana y caribeña
con fundamento, entre otros, de los siguientes principios y valores comunes:
*El respeto al derecho internacional.
*La igualdad soberana de los
Estados.
*El no uso ni la amenaza del uso de
la fuerza.
*La democracia.
*El respeto a los derechos humanos.
*El respeto al medio ambiente,
tomando en cuenta los pilares ambiental, económico y social del desarrollo
sustentable.
*La cooperación internacional para
el desarrollo sustentable.
*La unidad e integración de los
Estados de América Latina y el Caribe.
*Un diálogo permanente que promueva
la paz y la seguridad regionales.
3. Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
trabajará sobre la base de:
*La solidaridad.
*La inclusión social.
*La equidad e igualdad de
oportunidades.
*La complementariedad.
*Flexibilidad.
*La participación voluntaria.
*Pluralidad.
*Diversidad.
4. Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
asuma el patrimonio del Grupo de Río y de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre
Integración y Desarrollo.
5. Que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
deberá, prioritariamente:
*Impulsar, la integración regional con miras a la promoción de nuestro
desarrollo sostenible.
*Promover la concertación política, el impulso a la agenda latinoamericana y
caribeña en foros globales, y un mejor posicionamiento de América Latina y el
Caribe ante acontecimientos relevantes del ámbito internacional.
*Fomentar los procesos de diálogo
con otros Estados, grupos de países y organizaciones regionales, para
fortalecer la presencia de la región en el escenario internacional.
*Promover la comunicación, la
cooperación, la articulación, la coordinación, la complementariedad, y la
sinergia entre los organismos e instituciones subregionales.
*Incrementar nuestra capacidad para desarrollar esquemas concretos de diálogo y
cooperación internacional para el desarrollo, tanto dentro de la región, como
con otros Estados y actores internacionales.
*Fortalecer la cooperación en los temas y de acuerdo a los mandatos establecidos
tanto en la
Declaración de Salvador, Bahía, como en el Plan de Acción de
Montego Bay y en otros documentos que puedan incorporarse con base en el más
amplio espíritu de integración.
*Promover la implementación de
mecanismos propios de solución pacífica de controversias.
6. En tanto no culmine el proceso de constitución
de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mantener un foro unificado, en el que participen
todos los países de América Latina y El Caribe, que preserve al Grupo de Río y la CALC con sus respectivos
métodos de trabajo, prácticas y procedimientos, a fin de asegurar el
cumplimiento de sus mandatos, así como la capacidad de concertación política
que les permitan pronunciarse o actuar ante acontecimientos internacionales.
Las reuniones del Grupo de Río y la
CALC se realizarán a través de este foro unificado de acuerdo
con los calendarios de reuniones de ambos mecanismos. Sin perjuicio de lo
anterior, se realizarán las cumbres acordadas: en 2011 en Venezuela y en 2012
en Chile.
Riviera Maya, México, 23 de Febrero de 2010
III. DECLARACIÓN EN SOLIDARIDAD CON
HAITÍ
Riviera Maya, Quintana Roo
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos
en la Cumbre
de la Unidad, con
profunda consternación ante los cientos de miles de víctimas, los millones de
damnificados y los incuantificables daños materiales
causados a la nación haitiana por el terremoto del pasado 12 de Enero,
expresamos al pueblo y al Gobierno de Haití nuestra más sincera solidaridad.
Con base en ese deber solidario con la primera nación independiente de América
Latina y el Caribe, ratificamos nuestro compromiso de contribuir, al máximo de
nuestras posibilidades, al esfuerzo conjunto de nuestra región y de la Comunidad Internacional
en favor del pueblo haitiano, de acuerdo con las prioridades y necesidades
fundamentales que defina el gobierno de esa República hermana y con pleno
respeto a su autoridad y soberanía y al principio de no intervención en los
asuntos internos.
Ante todo apoyaremos el fortalecimiento de las instituciones del Estado haitiano,
con el objetivo de promover la eficacia de la cooperación, el desarrollo social
y económico sostenible, la profundización de la democracia y la preservación de
la paz y de la seguridad.
Manifestamos nuestra determinación de proseguir los esfuerzos de cooperación para
superar la grave emergencia ocasionada por la reciente catástrofe natural, así
como la asistencia humanitaria, que ha contado con la aportación invaluable de
nuestros pueblos y gobiernos, y con el apoyo de la sociedad civil y de las
organizaciones no gubernamentales de nuestros países, así como de los
Organismos Internacionales.
Al mismo tiempo, expresamos la convicción de que es indispensable fortalecer la
coordinación regional, con el Gobierno de Haití y con los organismos y agencias
internacionales para apoyar de manera eficaz a ese país en las tareas de
reconstrucción a través de una división del trabajo y demandar que lleguen los
recursos comprometidos para que hagan viable su desarrollo sostenible en el
mediano y largo plazos.
Destacamos el papel de coordinación que corresponde a la Organización
de las Naciones Unidas en la asistencia humanitaria y en la reconstrucción de Haití,
en sus etapas de respuesta temprana, recuperación, rehabilitación y transición
hacia el desarrollo sostenible en sus tres aspectos: social, económico y
ambiental. Dicha coordinación tiene como propósito fundamental el
aprovechamiento óptimo de las acciones de asistencia y cooperación, así como
evitar la fragmentación de estos esfuerzos, que deberá basarse en las prioridades
y necesidades identificadas por el Gobierno de Haití.
Expresamos finalmente nuestro reconocimiento a la labor realizada por la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), cuyo personal
civil, militar y policial se encuentra proporcionando un invaluable apoyo sobre
el terreno para satisfacer las necesidades urgentes, y rendimos homenaje a sus
miembros, en especial a quienes murieron en acto de servicio.
Exhortamos a los Estados que todavía no lo hayan hecho, a aplicar procesos especiales
de regularización migratoria en favor de los ciudadanos haitianos.
IV. DECLARACIÓN SOBRE LA "CUESTIÓN
DE LAS ISLAS MALVINAS"
Riviera Maya, Quintana Roo
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe reunidos
en la Cumbre
de la Unidad,
reafirman su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina
en la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte relativa a la 'Cuestión de las Islas Malvinas'.
Recuerdan el interés regional en que los Gobiernos de la República Argentina y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones
a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y
definitiva de la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones
Unidas y de la
Organización de los Estados Americanos.
Expresan, además, en relación con el Tratado de Lisboa por el que se modifican
el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, que la inclusión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el régimen de "Asociación de los
Países y Territorios de Ultramar" resulta incompatible con los legítimos
derechos de la República Argentina y con la existencia de una disputa de
soberanía sobre dichos archipiélagos.
V. DECLARACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE PONER
FIN AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA
CUBA
Riviera Maya, Quintana Roo
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe reunidos
en la Cumbre
de la Unidad,
expresamos nuestro más enérgico rechazo a las medidas económicas coercitivas y
unilaterales aplicadas por motivos políticos contra países soberanos, que
afectan el bienestar de sus pueblos y están concebidas para impedirles que
ejerzan su derecho a decidir, por su propia voluntad, sus propios sistemas
políticos, económicos y sociales.
En ese sentido, reiteramos el más enérgico rechazo a la aplicación de leyes y
medidas contrarias al Derecho Internacional como la Ley Helms-Burton
y exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a su aplicación.
En consecuencia, reclamamos al Gobierno de los Estados Unidos de América que,
en cumplimiento de las sucesivas resoluciones aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero
que mantiene contra Cuba, que es contrario al Derecho Internacional, causa
daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblo cubano y afecta la
paz y la convivencia entre las naciones americanas.
VI. DECLARACIÓN EN APOYO A LA INICIATIVA
YASUNÍ-ITT
Riviera Maya, Quintana Roo
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos
en la Cumbre
de la Unidad,
saludaron la iniciativa "Yasuní - ITT", que
adelanta el Ecuador, por constituir una efectiva medida voluntaria para enfrentar
el problema del cambio climático y garantizar la conservación de uno de los
lugares más biodiversos del mundo.
En virtud de esta iniciativa, el Ecuador dejará de explotar 846 millones de barriles
de petróleo que yacen en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní,
lo que evitará la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de
carbono, que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles.
Esta iniciativa contribuirá al respeto de las culturas indígenas de los pueblos
en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Yasuní,
así como al desarrollo social, la conservación de la naturaleza y el fomento
del uso de fuentes de energía renovables.
VII. DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE
GUATEMALA
Riviera Maya, Quintana Roo
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe agradecieron
al Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, la
información que les brindó en el marco de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, sobre los
resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional
Contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG) dirigida por el Doctor Carlos Castresana,
sobre el caso Rosenberg y le animaron a seguir adelante. Las investigaciones
desligaron al Presidente Colom, a su esposa y a su
Secretario Privado, de las imputaciones infundadas e irresponsables que sobre
ellos se vertieron y que causaron zozobra e inestabilidad en el país.
En este sentido, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de la Unidad de América Latina y
el Caribe, se congratularon por la transparencia en las investigaciones
realizadas por la CICIG.
El Presidente Colom expresó su profundo
agradecimiento a los Jefes de Estado y de Gobierno por el apoyo y solidaridad
brindados en esos momentos difíciles. Asimismo, las Mandatarias y los
Mandatarios recibieron el anuncio de la convocatoria hecha por el Presidente de
Guatemala para propiciar un diálogo nacional con la participación de todos los
sectores sociales que permita la gobernabilidad del país y la aprobación de una
reforma fiscal que beneficie a la población guatemalteca más vulnerable.
VIII. DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON
ECUADOR
Riviera Maya, Quintana Roo
El Presidente del Ecuador informó a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre
de Unidad de América Latina y el Caribe que el Grupo de Acción Financiera (GAFI)
decidió incluir, el 18 de Febrero de 2010, al Ecuador en una lista de países
con deficiencias estratégicas en medidas anti lavado
de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, que no se ha comprometido a
desarrollar junto con el GAFI y el GAFISUD, un plan de acción para superar supuestas
deficiencias.
El Presidente Rafael Correa manifestó que el Ecuador tiene como política de Estado
no tolerar las actividades financieras ilícitas, en aplicación del ordenamiento
jurídico nacional y de varias Convenciones Internacionales que, bajo la égida
de Naciones Unidas, han sido adoptadas y de las que el Ecuador forma parte.
El Presidente Rafael Correa rechazó categóricamente la actuación del GAFI que
no es consistente con los evidentes esfuerzos e iniciativas de todo orden que
ha llevado adelante el Ecuador para combatir el lavado de activos y el
financiamiento de actividades terroristas. Se refirió en particular a las
normas legales, el marco institucional y las acciones desplegadas por el Ecuador
en esta materia.
En base a lo señalado, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de la Unidad de
América Latina y el Caribe expresaron su grave preocupación por la decisión
adoptada por GAFI referente al Ecuador y se solidarizaron con la posición digna
y soberana de este país.
Expresaron preocupación también por las deficiencias en los procedimientos del
GAFI, en particular por sus procedimientos de toma de decisiones. Al respecto,
varios países de la
Comunidad del Caribe han sido afectados de manera similar por
una reciente acción unilateral y prematura adoptada por un país miembro de la OCDE en contra de ellos.
Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe respaldan
plenamente, por convicción y principios, la lucha contra el lavado de dinero y
el financiamiento del terrorismo.
Hicieron finalmente, un llamado para que los procedimientos y procesos en
esta materia, respeten la soberanía de los Estados.
IX. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE
EXPLORACIÓN HIDROCARBURÍFERA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL
Riviera
Maya, Quintana Roo
En el marco de la Cumbre
de la Unidad
de América Latina y el Caribe, la Presidenta de la República Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner informó, a las Jefas y los Jefes de Estado de
América Latina y el Caribe, acerca del persistente accionar unilateral
británico en materia de exploración y explotación de hidrocarburos en el área
de la plataforma continental argentina.
La Presidenta
argentina puntualizó que arribó una plataforma petrolífera semisumergible
a un área de la plataforma continental argentina ubicada a unas 100 millas náuticas al
norte de las Islas Malvinas, para iniciar trabajos de exploración. Sobre el
particular, el 2 de Febrero de 2010 el Gobierno argentino le presentó una nota
de protesta al Reino Unido, rechazando su pretensión de autorizar tales
actividades. Dicha nota de protesta ha sido circulada como documentos oficial
de las Naciones Unidas y de la O.E.A.
Sobre el particular, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América
Latina y el Caribe, recordaron lo establecido por la Resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que "insta a las dos partes a que se
abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones
unilaterales en la situación mientras las islas estén atravesando por el
proceso recomendado" por la Asamblea General.
X. COMUNICADO ESPECIAL SOBRE COOPERACIÓN
EN MATERIAL MIGRATORIA
Riviera Maya, Quintana Roo
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y
el Caribe:
Destacamos los sólidos lazos históricos y culturales que siempre han caracterizado
a los países de América Latina y el Caribe, así como el consenso que existe
entre los gobiernos respecto a la importancia del tema migratorio para los
países de la región, y el aporte positivo de los flujos de migración en ambas
direcciones.
Exigimos el goce y la protección efectivos de los derechos humanos en los países
de origen, tránsito y destino para todos los migrantes y sus familias,
particularmente de los niños, niñas y mujeres, independiente de su situación
migratoria de acuerdo con lo establecido por el derecho internacional.
Asimismo, observamos que la pobreza generada, entre otras causas, por un orden
internacional poco equitativo, con grandes diferencias económicas, sociales y
de desarrollo, constituye una de las causas básicas de la migración. Por tal
motivo, asumimos la responsabilidad y el compromiso de crear en nuestros países
condiciones que promuevan la permanencia de nuestras poblaciones, a efecto de
que la migración sea una opción y no una necesidad y que se desincentive la
fuga de cerebros.
Reconocemos la importancia de la contribución económica, social y cultural de
los migrantes al desarrollo de las sociedades de origen y de destino y de sus
comunidades. Consecuentemente, entendemos que la cuestión migratoria debe ser
encarada desde el principio de la corresponsabilidad diferenciada entre los
países de destino y de origen, atendiendo a sus causas estructurales y a sus
efectos.
En ese sentido, coincidimos en que es necesario el fortalecimiento de las políticas
y prácticas migratorias que aseguren tanto el respeto de los derechos
fundamentales de todos los migrantes independientemente de su situación
migratoria, como una gestión ordenada, informada y segura de los flujos
migratorios. Esas políticas y prácticas migratorias contribuirán asimismo,
entre otros aspectos, a la facilitación de las remesas y al retorno voluntario
de los migrantes sobre bases dignas.
Reconocemos de igual modo la necesidad de promover esquemas que faciliten la integración
y la reunificación de las familias de los migrantes, de acuerdo con las
legislaciones nacionales y combatiendo el racismo, la discriminación, la
xenofobia y toda otra forma de intolerancia.
Por otra parte, destacamos la promoción de un activo involucramiento de los migrantes
establecidos fuera de la región en el desarrollo de sus comunidades de origen,
a través de la conformación de redes y asociaciones de la comunidad migrante,
para el aporte en la innovación, la tecnología, el desarrollo social y la
participación.
Instamos, teniendo en cuenta la necesidad de intensificar el intercambio de mejores
prácticas entre países de origen y de destino de migrantes, a fortalecer aún
más el diálogo, el conocimiento recíproco, el intercambio de buenas prácticas,
la cooperación, la transferencia de conocimientos, la identificación de
desafíos comunes y la promoción de programas de retorno voluntario. Instamos,
asimismo, a impulsar una posición regional coordinada en los foros
multilaterales con objeto de alcanzar resultados concretos y tangibles en todos
los temas de la agenda migratoria.
Reconocemos la necesidad de poner en práctica políticas migratorias nacionales
y regionales con perspectivas de género, teniendo en cuenta la situación de
especial vulnerabilidad por la que atraviesan las mujeres y las niñas
migrantes.
Subrayamos la necesidad de promover acciones coordinadas de los gobiernos de América
Latina y el Caribe para enfrentar, combatir y sancionar, con todo rigor y con
fundamento en las convenciones internacionales.
Destacamos una especial atención a las comunidades migrantes establecidas fuera
de la región, procurando conformar agendas de trabajo con todos los países de
destino de nuestros migrantes.
Por lo tanto, destacando nuestro diálogo birregional
con la Unión Europea, manifestamos nuestro apoyo a la implementación del
Diálogo Migratorio ALC-UE instituido en el marco de la Declaración de la V Cumbre de Lima de 2008.
Asimismo, decidimos avanzar en el desarrollo de programas de cooperación regional
sobre migración y hacer esfuerzos para coordinar posiciones con miras al IV
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo a realizarse en México 2010.